Somos teleoperadores de Catsa, el centro de atención al cliente de Sogecable (DTS), que pertenece al Grupo Prisa y llevamos desde 1990 atendiendo por teléfono a los abonados de Digital+. Pero eso va a cambiar dentro de muy poco.

A pesar de que la empresa Catsa tiene beneficios año tras año, el Grupo Prisa ha decidido seguir aumentando sus ganancias a costa de nuestros puestos de trabajo y de nuestro futuro. En muy poco tiempo, tienen previsto despedirnos para desviar las llamadas de los abonados a Perú y Colombia, donde pretenden aprovecharse de sus penosas condiciones laborales y sus bajos salarios. Por el sueldo de un teleoperador en España pueden pagar a 4 ó 5 trabajadores en Latinoamérica.

Somos más de 2.000 trabajadores repartidos por toda España en centros de Madrid, Málaga y Granada. Esta sangría de puestos de trabajo no sólo afectará a la calidad en el servicio que llevamos prestando desde hace más de 20 años, sino que también aumentará la grave situación de desempleo que sufre nuestro país.

Tenemos que poner freno a estas políticas de avaricia y de multiplicación de beneficios sin límite de los grandes grupos empresariales como Prisa. Además, con todo lo que se van a ahorrar en salarios no lo repercutirán en sus clientes, por el contrario suben los precios todos los años con una calidad de contenidos y de servicios cada vez más pobre. Ese dinero lo emplean en repartirse más dinero los altos cargos. Parece que ya no recuerdan cuando hace dos años, en plena crisis económica y atravesando una situación financiera complicada, los integrantes del Consejo de Administración de Prisa se subieron el sueldo un 40% y el equipo gestor aumentó un 70% sus retribuciones.

¿Cómo puede un grupo empresarial, cuyos beneficios el pasado año aumentaron un 96%, destruir miles de puestos de trabajo, cuando estarían en situación incluso de crear empleo? ¿Es que no está en deuda con la sociedad de la que obtiene sus beneficios?

Por todo eso, y por el silencio intencionado que imponen los medios de comunicación sobre dramas sociales como éste, te pedimos que des la máxima difusión a este mensaje, reenviándolo a todos tus contactos, a las redes sociales a las que pertenezcas o por cualquier medio que esté a tu alcance. Si estás abonado (o no) a Digital Plus puedes enviar un correo de apoyo a los trabajadores y al mantenimiento del empleo en nuestro pais a: clientes@digital-plus.net y a través de su Página Oficial en Facebook.

Está en nuestras manos poder frenar situaciones como está dándonos a conocer a la opinión pública. No somos, desgraciadamente, un caso aislado en la situación española, por eso creemos firmemente que es necesaria una verdadera respuesta de la sociedad frente a la avaricia desmesurada de los grandes grupos empresariales que son los mayores responsables de esta crisis, que siguen campando a sus anchas ante la pasividad genera

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lUN PASO MUY IMPORTANTE, en el retroceso de un derecho universal.
14 de Febrero de 2011

"El primer paso es reformar el pilar público (del sistema de pensiones) retrasando la edad de jubilación y recortando el nivel de prestaciones, empezando por los casos en que son demasiado generosas". El segundo paso es crear el pilar privado. Y para ayudar a crearlo, hay que "empequeñecer el pilar público de forma gradual".

Esto escribía el Banco Mundial en 1994 en uno de los informes más importantes que ha producido nunca.

"El diálogo social ha sido, desde la transición a la democracia uno de los elementos que han contribuido a configurar de manera decisiva la regulación de nuestro sistema social y laboral."

Y éste es el comienzo de la Introducción al Acuerdo Social y Económico firmado el pasado día 27 de febrero por el Gobierno, los Agentes Sociales y la Patronal.

Resultado. "El pensionazo". Un Acuerdo que en lo inmediato supone para la clase trabajadora, trabajar más tiempo, para cobrar menos pensión.

A mayor plazo es una declaración en toda regla de la supeditación del mundo del trabajo a los intereses de clase social dominante.

Porque las clases sociales siguen estando ahí. Y una vez desvanecida la ilusión del franquismo que nos anunció, tras su victoria militar, la superación de la lucha de clases, y que ahora tras el agotamiento del diálogo social, escenificado en la reciente Reforma Laboral, la lucha de clases vuelve a reaparecer como motor de desarrollo de la sociedad.

La política de diálogo social practicada por los Agentes Sociales, junto a la patronal y los Gobiernos, nos ha acabado llevando a los trabajadores a una situación contra la que no queda otra alternativa que la reorganización de las organizaciones clasistas para iniciar la recuperación del protagonismo que nos corresponde como clase social.

Tanto diálogo y tan poca presión, nos han acabado conduciendo a un paro juvenil del 43%, a la existencia de más de 4.600.000 trabajadores en busca de empleo.

A batir todo tipo de récords en precariedad en el mercado de trabajo, a un deterioro continuado de las condiciones de trabajo, un incremento de horas de producción, un abaratamiento del despido, una pérdida de confianza en el futuro.

A que entre 1976 y 2006, la participación de las rentas salariales hayan disminuido desde el 68% al 54,5%.

En estos momentos nos están tratando de imponer una Reforma de la Ley de Pensiones que les sirva para enterrar las esperanzas de las generaciones más jóvenes.

El Sistema Público de Pensiones debe reformarse y mejorarse, naturalmente. Pero lo que se ha firmado es un recorte del gasto y de los derechos de los trabajadores que va a traer una rebaja de las pensiones superior al 20%.

Desde el año 2000 el sistema ha sido capaz de dotar un Fondo de Reserva de más de 64.000 millones de euros. Con superávit constantes y dedicando a la creación del Fondo, tan solo una pequeña parte de su superávit. El resto lo han utilizado los Gobiernos, como siempre, para regularizar las cuentas públicas.

Es último año se acaba de reconocer un superávit de 2.382 millones de euros, en una presentación de cuentas, digamos que al menos precipitada y ello para defender los planteamientos de los firmantes del Acuerdo.

Pero es que además con las cotizaciones sociales se vienen pagando unos complementos a mínimos, de 3 a 4.000 millones de euros anuales que debieran salir directamente de los Presupuestos Generales del Estado.

Con las cotizaciones sociales se ha venido financiando en España la Sanidad Pública hasta finales del siglo pasado.

El Sistema Público de Pensiones cuenta con la garantía del Estado. Hasta ahora ello le ha venido proporcionando muy buenos ingresos. Es que alguien duda de que si en un momento determinado en lugar de recibir, tiene que aportar, no cumpliría este compromiso.?

Con datos de 2008, nuestro país dedicaba a pensiones el 9,2% del PIB, siendo la media de la UE-27 del 11,8%, de Alemania del 13,6%, de Francia del 13,9% y de Italia del 15%.

Ahora tratan de convencernos, con total naturalidad, que las pensiones deben sufragarse, única y exclusivamente con las cotizaciones sociales. Y nosotros nos preguntamos y eso porqué. Y porqué a partir de ahora y no desde hace 40-50 años.

Seremos trabajadores, pero desde luego lo que no somos, es tontos. Aunque a veces lo parezca y algunos se lo crean.

El tope salarial está en 3.100 para las cotizaciones sociales, lo cual quiere decir que existen cientos de miles de asalariados, que los ingresos que les exceden de esta cantidad mensual se la llevan a su casa sin abonar ni un euro para el sostenimiento del Sistema.

Desde nuestra opinión el problema de ESPAÑA, no es el gasto público, sino la poca recaudación fiscal, con las clases altas haciendo una contribución más que escasa a las arcas del Estado.

Las minorías parlamentarias de izquierda en el Congreso, ya presentaron diversos votos particulares en el Pleno que aprobó las recomendaciones del Pacto de Toledo, y que representan una Reforma equilibrada, pero que fueron rechazadas por la mayoría parlamentaria.

No es momento de rendirse a los designios del Banco Mundial, los burócratas de Bruselas y los intereses de los grades grupos financieros.

Desde el incipiente aún, movimiento independiente de las personas mayores, trataremos de seguir dando alternativas, que existen, y defendiendo el derecho a pensiones suficiente y dignas, para nosotros mismos, nuestros hijos y nuestro nietos.

Manuel Doblado Helgueras
Presidente de JUBIQUÉ? (Asociada a FEMAS)

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NUEVA REFORMA DE LA LEY DE PENSIONES. - 3 Febrero 2.010

PROPUESTA DE JUBIQUÉ?

Comenzaremos agradeciendo esta invitación que nos va a proporcionar la oportunidad de exponer ante todos Vds., las que son las principales reivindicaciones de la Confederación que tengo el honor de presidir, así como nuestro punto de vista general sobre esta próxima Reforma que tanto parece urgir a algunos.

Debemos manifestar que nos sentimos cómodos, ya que nos vamos a referir a nuestro Sistema Público de Pensiones, del que tenemos un positivo concepto y al que apoyamos plenamente en su doble perspectiva de ser un sistema solidario y en el que se trata de que los pensionistas reciban unas prestaciones en clara concordancia con sus aportaciones al mismo.

Esta satisfacción, de ninguna manera debe ocultar nuestras críticas puntuales al mismo, y de forma especial al elevado número de pensiones, en sus diferentes conceptos con unos niveles de prestación, aún muy insuficientes.

Antes de continuar esta intervención, queremos señalar lo positivo de la evolución en estos últimos años del llamado Fondo de Reserva, como garantía adicional del futuro del Sistema, así como de la impecable gestión del mismo, mejorable, como casi todo en esta vida, pero situado en buenas manos, y de las que en nuestra modesta opinión, no deben salir sus fondos, bajo ningún concepto.

Tenemos pleno confianza en el futuro del Sistema, tanto en el medio, como en el largo plazo. Esta confianza viene fundada, además de en la experiencia de su desarrollo, que ha sido capaz de superar predicciones agoreras e interesadas, que se vienen vertiendo de manera sistemática desde hace casi veinte años, en varios hechos incontestables.
De manera muy destacada el hecho de que nuestro país viene destinando al pago de pensiones una parte de su PIB, muy inferior a sus economías más próximas, y con las que nuestras Autoridades empiezan a tratarse en nuevos foros internacionales, como el G-20.

El contar con la garantía del Estado, en los recientes momentos de crisis ha quedado muy patente el importante significado de esta garantía, que no olvidemos ha sido a quien hemos venido entregando durante toda nuestra vida laboral, nuestro salario diferido, en forma de las llamadas cotizaciones sociales, para poder adquirir el derecho a llegar a nuestra jubilación laboral y pasar a la situación de pensionistas.

También creemos que más allá de las dificultades actuales, el incremento sostenido de la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, fuera del hogar, así como el también constante retraso en la que los trabajadores accedemos a la jubilación, está situada ya cerca de los 64 años, una de las más elevadas de nuestro entorno internacional, son también factores de futuro a tener en cuenta, y que acrecientas nuestra confianza en este Sistema Público.

Vamos ahora a exponerles una situación muy injusta, que entendemos es conocida por Vds., y que claramente tenemos el convencimiento de que ha llegado el momento de corregir de forma definitiva.

Nos estamos refiriendo, como algunos de Vds. ya han intuido, a unas penalizaciones, que por decirlo suavemente, son muy abusivas, y que se vienen practicando a los trabajadores que accedemos a la jubilación anticipada, esto es, antes de los 65 años de edad, y además para el resto de nuestras vidas.

Antes de seguir con este tema, permítanme que me refiera a un colectivo de trabajadores jubilados, a los que además se les practica otra discriminación negativa.
Que en el sistema político anterior, nos estamos refiriendo a 1966, en la época del nacional-catolicismo, cuando por Decreto se daba por superada la lucha de clases y se obligaba, tanto a los trabajadores, como a los empleadores, a pertenecer a una misma Organización Sindical, se legislase como una medida a favor del trabajador, su derecho a jubilarse anticipadamente, eso sí con una muy fuerte penalización de su pensión, puede ser hasta comprensible, pero que en la situación actual se pueda seguir considerando que los trabajadores solicitamos voluntariamente la jubilación anticipada, es cuando menos una falacia, que es necesario corregir ya.

Para los trabajadores, no existe otro medio de sustento que el trabajo y el trabajar puede considerarse cualquier cosa, menos una libre elección del trabajador. Pues exactamente igual, sucede con la pérdida del puesto de trabajo, que es siempre decidida y practicada a espaldas de los trabajadores y que acaba siendo la causa fundamental que nos lleva a la jubilación anticipada.

Mucho se ha comentado en esta Comisión y se seguirá haciendo en el futuro, sobre la necesaria relación entre los que se ha contribuido al Sistema mediante cotizaciones, y lo que se acaba percibiendo como pensión.

Y por nuestra parte, no podríamos estar más de acuerdo.

No es posible seguir manteniendo situaciones, por la enorme carga de injusticia que suponen, como las que se dan actualmente.

Hoy se dan casos en los que con 15 años de cotización, se cobra el 50% de la base reguladora. Mientras que con 45 años de cotización, se percibe el 60% de esa base reguladora. O que con 36 años de cotización, se cobre el 103% de esa base reguladora.
Señoras y Señores, esto no es serio, no es justo y no tiene justificación ninguna.

Pues corregir la situación de injusticia que sufrimos este colectivo de los trabajadores jubilados anticipadamente, en el camino de recuperar a los 65 años, edad legal actual de jubilación, esas penalizaciones que antes hemos definido como abusivas, es el reto que les estamos planteando.

Y lo hacemos desde la responsabilidad y declarando pública y con toda la solemnidad posible, que nada más lejos de nuestras intenciones de quebrar este Sistema Público de Pensiones.

Pero al igual que nosotros reivindicamos estas medidas, y lo hemos hecho y seguiremos haciendo de la manera y forma que creamos más conveniente en cada momento, rechazamos rotundamente que se intente hacer demagogia ante nuestras peticiones, presentándonos como unos descerebrados e irresponsables.

Si existe un mínimo de voluntad política de solucionar este problema, no tenemos ninguna duda que el dinero no será el obstáculo insalvable que no permita una solución satisfactoria.

Celebramos como positivas, aunque insuficientes, tanto en cantidad, como en extensión, se dejaron fuera a los trabajadores jubilados anticipadamente, que según el INSS, lo habían hecho voluntariamente, las compensaciones de la Ley 40/2007, pero tenemos el convencimiento de que para no seguir profundizando en desigualdades como las que hemos comentado, este el momento y esta futura Ley de Reforma, el lugar para establecer una nueva tabla de penalizaciones apara los jubilados anticipados, menos injusta, más proporcional a los años cotizados, que las actuales.

Desde todo tipo de tribunas se nos aconseja a los jubilados que envejezcamos activamente, que seamos actores de nuestras propias vidas.

Pues bien cuando reclamamos el derecho como trabajadores prejubilados y jubilados a participar en procesos electorales para elegir a nuestros representantes, tal y como hacíamos cuando éramos trabajadores en activo, son muy escasos los oídos que nos escuchan.

Vds. van a aprobar unas recomendaciones genéricas que servirán, para iniciar después
por parte de los llamados Agentes Sociales y el Gobierno, unas también llamadas negociaciones que culminarán en una foto y unos Acuerdos.

Pues lo que pretendemos y defenderemos en los ámbitos correspondientes, es que esos representantes de nuestros colectivos, surjan de la participación de los jubilados y los prejubilados y sea a estos a los que tengan que rendir cuentas de lo que firman y de lo que no firman.

En una sociedad como la que vivimos profundamente desvertebrada, todo proceso de organización y de participación de los ciudadanos debería no asustar a lo organizadamente instalado, pues en la medida en que se real su representatividad, mayor será capacidad de incidencia.

Contemplamos con enorme preocupación la perspectiva de que en esta próxima Reforma se nos quite a los trabajadores el derecho a la Pensión de Viudedad, convirtiendo este derecho en una prestación.

En una Legislatura en que la mayoría parlamentaria elimina el Impuesto sobre el Patrimonio, no nos parece el momento más oportuno para arrebatarnos un derecho a los menos favorecidos por la diosa fortuna.

Entendemos que cuando a los trabajadores se nos quita algo, en aras al llamado interés general, también a la clase social más rica, debería exigírsela una aportación específica.

Por todo ello y porque los ciudadanos que perciben pensiones de viudedad, fundamentalmente mujeres, son un colectivo que cada vez en mayor número pasan a engrosar las cifras de las personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, reivindicamos la continuidad del aumento de estas pensiones por encima de la media, así como la elevación, que el Congreso ya votó el año pasado, de la base reguladora de estas pensiones, hasta el 70%.

Ya hemos comentado anteriormente, que para nada somos partidarios de alargar la edad legal de jubilación y no nos gusta nada la forma en que se viene incentivando actualmente la prolongación de la vida laboral.

En cuanto al tema de la ampliación de los años cotizados para el cálculo de la base reguladora, algo que parece inevitable que aprueben Vds., creemos que debería de ir acompañado de una modificación en la actualización de las bases de cotización, aplicando la inflación hasta el mes de la jubilación y no hasta los 24 meses anteriores como vienen haciendo actualmente.

De la misma forma y dadas las características del mercado laboral de nuestro país, y de la situación de pérdida masiva de puestos de trabajo en la actualidad, el trabajador al solicitar su jubilación, debe tener el derecho de escoger al menos la mitad de los años que vayan a computar para el cálculo de su pensión.

No queremos abandonar el uso de la palabra, sin decirles a todos Vds.que nos estamos encontrando con una situación cuando menos curiosa, como es el hecho de que por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y tenemos motivos para pensar, que con el apoyo político de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, se viene sistemáticamente negando la aplicación, de lo que para nosotros fue un paso positivo en el buen camino, de la anterior Reforma. La Ley 40/2007.

En su articulado venía a equiparar los Contratos Individuales de Prejubilación a los Acuerdos Colectivos, para aquellos trabajadores que acceden a la jubilación anticipada a partir de los 61 años de edad.

Pues bien, 17 meses después de la publicación de la Ley, este aspecto de la misma, sigue siendo ignorado por el Instituto, con el argumento de que su aplicación precisa de un desarrollo reglamentario, que por descontado no hacen, ni tienen la más mínima intención de llevar a cabo, obligando a cada trabajador a demandar en Magistratura de Trabajo su aplicación.

Eso sí, aplican todos sus esfuerzos jurídicos, que son muchos y valiosos en recurrir sentencias e intentar que este aspecto de la Ley, quede en papel mojado.
Y eso que en la Ley, no se contempla para nada, la necesidad que argumentan de un desarrollo reglamentario posterior para su entrada en vigor.

Y nada más, reiterarlos nuestro agradecimiento por darnos esta oportunidad de exponerles nuestros puntos de vista e invitarles a que en este proceso de mejora continua de la Ley de Pensiones, no desaprovechen esta oportunidad de corregir la tremenda discriminación que supone aplicar de por vida, unas penalizaciones disparatadas y que para casi nada tienen en cuenta los años de cotización.

                                                                            Madrid, 6 de mayo de 2.009
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LEY 40/2007 - PENALIZACIONES EN LAS JUBILACIONES ANTICIPADAS
  Entendemos como muy necesario exponer con claridad nuestra opinión sobre esta Reforma, cuya tramitación ahora se inicia y que tendrá su desarrollo, primero en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, después en el Pleno del Congreso, a continuación entre los llamados Agentes Sociales, la Patronal y el Gobierno, para finalmente discutirse en el Parlamento como Proyecto de Ley.

 Volvemos nuevamente a insistir en que todos aquellos prejubilados que acceden a la pensión pública con 61 o más años y tienen más de 35 años cotizados, no deben admitir que la penalización que les apliquen por cada año que anticipan la jubilación con respecto a los 65 años que son la edad legal de jubilación, sea del 8%.

Recientemente hemos obtenido nuevas sentencias favorables de Tribunales Superior de Justicia de Comunidades, teniendo el pleno convencimiento de que los compañeros que reclamen, van a ganar.

La actitud de los gestores del Instituto Nacional de la Seguridad de seguir empecinados en negar estas condiciones más beneficiosas a trabajadores que se jubilan, merece un comentario tan desfavorable que preferimos dejarlo para más adelante.

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  Al menos este ha sido el camino recorrido por las últimas reformas y en estos momentos no tenemos ningún dato que nos lleve a pensar que en esta ocasión va a ser diferente.

  Comenzaremos diciendo que esta Reforma es una continuación de las cuatro que se han venido produciendo en nuestro país desde 1.985 y que como todas las anteriores, tiene como objetivo impedir que el gastos público en el pago de pensiones crezca con respecto a la creación de riqueza, esto es, el PIB.

  Es importante que más allá de las declaraciones rimbombantes no perdamos de vista en ningún momento que lo que se persigue es rebajar prestaciones y derechos de los trabajadores, más allá de medidas puntuales que mejoren la situación de algún colectivo o corrijan alguna irregularidad muy llamativa.

  En el último suspiro han introducido la variación de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años de edad. Y decimos en el último momento ya que hasta tres días antes, el Ministro de Trabajo ha estado haciendo declaraciones en el sentido de que no era para nada necesaria esta prolongación, en fragante contradicción con lo que posteriormente ha presentado como Proyecto el Gobierno.

 
  A primera vista se aprecia un alto grado de improvisación, teniendo razonables dudas de que el tema de la prolongación de la vida laboral no sea más que un globo sonda que después pueda ser pinchado, como muestra de flexibilidad y para confundir a la opinión pública sobre las verdaderas intenciones de la Reforma.

  De cualesquiera de las formas es un nuevo ataque al Sistema Público de Pensiones y a la confianza en su futuro, y por ello ha contado con la satisfacción manifiesta de las diversas organizaciones que no ven con buenos ojos su existencia y su fortaleza, desde el BM, la OCDE, la UE, el Banco de España, la Patronal, FUNCAS y el largo etc. de estudiosos que cobran del sistema financiero nacional e internacional.

  En la presentación del Proyecto se ha hecho especial incidencia en la necesidad de avanzar en el establecimiento de una mayor relación entre lo contribuido, vía cotizaciones y lo percibido, vía pensiones, pero tenemos que denunciar, una vez más, que eso no es cierto, ya que si así fuera trataría de corregir situaciones como las que se dan en la actualidad en las que con 15 años cotizados se puede cobrar un 50% de la base reguladora de la pensión, con 45 años de cotización, un 60% de esa base reguladora y con 36 años cotizados, un 102% de esa misma base.

  Situaciones esperpénticas e injustificables desde cualquier tipo de vista, pero reales como la vida misma, pero que responden a la obsesión por centrar los problemas en la edad de jubilación, pasando a un muy segundo plano el número de años cotizados, lo que provoca situaciones muy discriminatorias y que deben ser corregidas. Las penalizaciones abusivas, llegan hasta un 8% por cada año que se adelanta la edad de jubilación y que se aplican para el resto de la vida, precisan ser enmendadas ya.

  Y volvemos a repetir algo que ya hemos manifestado anteriormente, que si existe voluntad política de corregir estas situaciones, su coste no sería nunca el problema En cuanto a la edad real de jubilación en nuestro país, que está muy por encima de media de los 63 años, tenemos que manifestar que es de las más elevadas de los países que componen la Unión Europea. 

  Estimamos necesario variar radicalmente de criterio a la ahora de seguir abordando reformas de nuestro Sistema Público de Pensiones, y no hacerlas éstas en función del gasto, como ha venido sucediendo hasta ahora, sino en aras de una mayor justicia social y de las necesidades de los afectados.

  Las continuas previsiones agoreras, que ya pronosticaron hace 20 años la quiebra del Sistema Público, son tan interesadas y parciales que ocultan tan datos tan significativos como que España en 2005, últimas cifras conocidas, tan solo dedicaba a pensiones un 7,98% de su PIB, frente a 9,77% de Portugal, un 10,77% del Reino Unido, un 11,02% de Francia o un 13% de Italia.

  Ahora cuando nos vuelven con nuevas previsiones para dentro de 20-30 años, se les debe de conceder la credibilidad que a pulso se han ganado y que desde luego no puede ser muy elevada. Él incremento del número de años para el cálculo de la pensión.

   La propuesta orientada a incrementar hasta 20 ó 25 años el número de los cotizados para el cálculo de la base reguladora en el momento de la jubilación, ha sido una constante de todas las reformas anteriores. Así hemos pasado de 2 años en 1.985, hasta los 15 de la actualidad.

  Pues bien en este apartado la filosofía que nos tratan de vender es la de beneficiar a los trabajadores que han perdido prematuramente su puesto de trabajo y sus últimos años se lo han pasado cobrando el seguro de desempleo o las bonificaciones para mayores de 52 años, por lo que sus cotizaciones han sido menores.

  Pero es que si de verdad el objetivo de la Reforma fuera éste, en primer lugar eliminarían la triquiñuela actual de actualizar la inflación sobre las cotizaciones sólo hasta dos años antes de cuando el trabajador solicita la jubilación, mediante lo cual y antes de hacer ningún cálculo ya han desvalorizado las cotizaciones en la suma de la inflación de esos dos años. No nos pretendan tomar el pelo y actualicen la inflación hasta el momento de la solicitud de jubilación del trabajador.

  Y además, si lo que realmente buscan es atender a los trabajadores con peor fortuna laboral, permítaseles a éstos que elijan entre sus años cotizados, aquellos necesarios para el cómputo de su base reguladora.

  En realidad con esta medida, que es piedra angular de la Reforma, lo que se persigue es una rebaja del importe de la pensión de los trabajadores que la habrán de solicitar desde el momento en que esté en vigor la nueva Reforma.

  Pensiones de viudedad. Con este proyecto de Reforma se trata de profundizar en el cambio que ya se inició en la anterior de 2008, en el camino de sustituir este derecho de los trabajadores, por una prestación social. Ahora se menciona la posibilidad de liquidar, en casos determinados, el derecho con un pago único a tanto alzada.

  No desconocemos, ni dejamos de valorar los cambios que se han producido en el mercado laboral en los últimos 60 años; fundamentalmente la incorporación masiva de la mujer al mundo del trabajo asalariado, abandonando la exclusividad de las tareas domésticas.

  No obstante, tenemos que decir que no creemos que en los momentos económicos actuales, con la elevada tasa de paro que padecemos, con la insuficiencia de la inmensa mayoría de las pensiones de viudedad, con un gasto del Estado en protección social tan alejado de los países de nuestro entorno económico, sea el momento adecuado para plantear a la sociedad este debate.

  Creemos que primero las pensiones mínimas de viudedad deberían de alcanzar el nivel del Salario Mínimo Interprofesional, no en los niveles actuales de éste en 624 euros, sino en una cifra suficiente para poder vivir por encima del umbral de la pobreza y después, como no, podríamos entrar a valorar la nueva situación social.

  Resulta gracioso escuchar la preocupación de parte la clase dirigente sobre el futuro de las pensiones dentro de 20-30-40 años, y el silencio más absoluto sobre hechos y situaciones tan actuales como el fraude fiscal que se cifra en 80.000 millones de euros o la economía sumergida que parece alcanzar al 20% de nuestro PIB.

  Nuestro rechazo es total a que se contemple, sea cual sea el desarrollo de esta Reforma, cualquier rebaja de las llamadas cotizaciones empresariales. Sería el colmo que cuando se proyecta recortar prestaciones y derechos de los trabajadores, se pueda acabar regalando al mundo empresarial un aumento de sus no escasos beneficios.

  Desgraciadamente, tenemos que denunciar que entre otras cosas esta Reforma critica y suponemos que procurarán que tenga sus consecuencias, el tímido avance que supuso la Reforma de 2007 en el aspecto concreto de la equiparación de los Acuerdos Individuales de Prejubilación a los llamados Acuerdos Colectivos de Prejubilación.

  Reafirmamos, una vez más, que el Sistema Público de Pensiones goza de muy buena salud, tiene proyección de futuro y cuenta con el respaldo de los Presupuestos Generales del Estado, de los que forma parte y de donde no deben salir bajo ningún concepto.

  Esta Reforma, que tardará su tiempo en materializarse, parte del respeto a los derechos y condiciones de todos los pensionistas actuales.

  Terminamos este comunicado haciendo un llamamiento a los mayores, a los pensionistas y también al conjunto de los trabajadores, porque al fin y al cabo se están tratando temas importantes para todos, a organizarnos para desde unas posiciones justas para la inmensa mayoría de la sociedad, defendamos unidos unos derechos que son de todos.

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ANTE LA CONGELACIÓN DE LAS PENSIONES
Las organizaciones abajo firmantes, ante la situación creada por el Real Decreto aprobado el pasado jueves 27 de mayo por el Congreso de los Diputados a propuesta del Gobierno, en el que entre otras medidas se congelan las pensiones para el próximo año 2011, queremos MANIFESTAR lo siguiente:

Somos conscientes de la crisis que atraviesa nuestro país, pero entendemos que al Sistema Público de Pensiones no se le puede atribuir el incremento del déficit público que la medida intenta combatir. La Caja Única no muestra problema económico alguno que justifique esta congelación del gasto, sino que presenta continuados superávit y dispone de más de 60.000 millones de euros en el Fondo de Reserva.

Las pensiones contributivas, cuyos recursos provienen de las cotizaciones de trabajadores y empresarios, son ajenas a la generación de déficit. Los jubilados no somos en absoluto responsables de la actual situación. La congelación de nuestras pensiones, que siguen siendo hoy en buena parte insuficientes y son de las más moderadas del entorno de la UE, viene a agravar la condición económica de los pensionistas.
Estamos en radical DESACUERDO en que el recorte del gasto social tenga una incidencia significativa en la reducción del déficit público. Las políticas económicas que han fomentado descontrol en el gasto público y privado no deben ser soportadas por los más humildes, que en nada son responsables de la presente situación. Esta congelación tiene toda la apariencia de ser un brindis a los llamados mercados, más que una medida efectiva que, sin embargo, va a golpear en las menguadas economías de más de cinco millones de hogares.
Por todas estas razones MANIFESTAMOS nuestro total rechazo a unas medidas injustas e injustificables para los pensionistas. Los firmantes se reservan posibles acciones futuras de diferente índole. Las organizaciones firmantes representan a más de dos millones de afectados.

FIRMANTES:
· ÁREA DE MAYORES DE IZQUIERDA UNIDA
· ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DEL BANCO PASTOR
·ASOCIACIÓN DE JUBILADOS, PREJUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL BANCO DE ASTURIAS (JUBANASTUR)
·ASOCIACIÓN DE PREJUBILADOS Y JUBILADOS DEL BSCH (León)
· CEOMA. Confederación Española de Organizaciones de Mayores Son miembros de la Confederación:
Confederación Estatal de Mayores Activos (CONFEMAC)
Federación de Asociaciones de Andalucía (FAMAN)
Federación de Casas regionales de Castilla y León en Andalucía
Federación de Jubilados y pensionistas de las Islas Baleares
Confederación de Federaciones y Asociaciones de mayores (COFAMCA)
Universidad Nacional de Aulas de la TerceraEdad (UNATE)
Federación de Casas regionales de Soria. Sección Mayores
Federación d´Organitzacions Catalanes Gent Gran (FOCAGG)
Asociación de Mayores de Galicia (ASOMAGA)
Abuelos en Marcha (ABUMAR)
Asociación de Jubilados, Prejubilados y Pensionistas del BEX-BBVA
Asociación de Jubilados, y Prejubilados, Pensionistas, Empleados y Exempleados de Banesto (AJUBANESTO)
Asociación de profesores Universitarios Jubilados (ASPUR)
Asociación EDAD DORADA, Mensajeros de la Paz
Asociación Grupo de Mayores de Telefónica (AGMT)
Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Sección Mayores (CSI-CSIF)
Confederación Nacional de Asociaciones y Federaciones de Alumnos y Exalumnos de los programas Universitarios Mayores (CAUMAS)
Confederación Independiente de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (CAI)
Consejo de Personas Mayores (COPEMA)
Federación de Asociaciones de Cultura y Ocio para Mayores (FACOM)
Federación de Asociaciones de Empleados, Jubilados y Pensionistas de Cajas de Ahorro Confederadas (FECAC)
Federación de Casas regionales y provinciales de Castilla-León en Madrid. Sección Mayores
Federación para la Defensa Profesional de Pensionistas y Mayores (FAPROPEM)
Fundación Independiente
Hermandad de Jubilados de los Ministerios de Comercio, Economía y Hacienda
Hermandad de Pensionistas de la Administración Local
Real Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil (FAS/GC)
Sección de Unidad Progresista de Pensionistas de la ONCE (SUPPO-ONCE)
Asociación de Veteranos de Dragados
Federación de Organizaciones de Mayores de la C.A. Región de Murcia (FOMCARM)
Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias (CEAFA)
Federación de Asociaciones Nagusilán de Euskadi (NAGUSILAN)
Federación de Organizaciones de Mayores de la Comunidad Valenciana (FOMCOVA)
Federación de Casas Regionales y Provinciales en Castilla-León
Asociación de Alumnos y Exalumnos de las Aulas Culturales y Universitarias de Tercera Edad
Asociación provincial de Jubilados de Unión Eléctrica FENOSA (FENOSA)
Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispanas (CONFAV)
Federación de Asociaciones de Personas Mayores de la Ciudad de Palma de Mallorca
Federación de Asociaciones de Personas Mayores de Marratxi (FAPEPAM)
· CEPYP (Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas):
FEVAAS (Federación Vasca de Asociaciones de Prejubilados y Pensionistas):
VIZCAYA
Asociación de ABB / Asociación de ACENOR / Asociación de BABCOCK & WILCOX / Asociación de FIRESTONE / Asociación de PRODUCTOS TUBULARES / Asociación de SEFANITRO /Asociación de BUSTURIALDEA / Asociación de DURANGALDEA.
ALAVA:
Asociación APREJUAL
GUIPÚZCOA:
Asociación del ALTO DEBA / Asociación del ALTO UROLA / Asociación del BAJO DEBA / Asociación BIDASOALDEA / Asociación DONOSTIALDEA / Asociación TOLOSALDEA / Asociación PREINCA
FEMAS (Federación Madrileña de Asociaciones de Prejubilados, Jubilados y Pensionistas):
AITP (Telefónica), Jubiqué?, Exemal (Alcatel), Asemcam (Caja Madrid), Ericsson, ADEAD (Actividades diversas), ASMYP (Renault Trucks), Asafer (Ericsson)
FEGAAS (Federación Gallega de Asociaciones de Jubilados, Prejubilados y Pensionistas):
Asociación Jub. Y Prejub. BSCH Coruña, Asociación Jub. Y Prejub. BSCH Pontevedra-Vigo, Asociación Jub. Y Prejub. BBVA Galicia, ASPATE-Coruña, APRETEL-Vigo, APTELU-Lugo
ATELCAT (Barcelona)
AJCR (Asociación de Prejubilados, Jubilados y Pensionistas de Ciudad Real)
ANAPP (Asociación Navarra de Prejubilados, Jubilados y Pensionistas)
· CONFAV (Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania)
· CONFEDETEL (Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Prejubilados y Jubilados de Teléfónica)
Asociaciones de: Alicante, Aragón, Burgos, Cádiz, Cantabria, Castilla y León, Catalunya, Coruña, Lugo, Madrid (APT) Murcia, Navarra, Ourense, Las Palmas, Pontevedra, La Rioja, Salamanca, Sevilla, Tenerife, Valencia

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